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El CPCE Chaco se suma al rechazo expresado por la FACPCE al proyecto de ley para reformar la Ley de Concursos y Quiebras

El CPCE Chaco se suma al rechazo expresado por la FACPCE al proyecto de ley para reformar la Ley de Concursos y Quiebras


El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) Chaco expresa su apoyo a la postura tomada por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que representa a los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país, que nuclean a más de ciento cuarenta mil profesionales en ciencias económicas a lo largo y a lo ancho del país, sobre una iniciativa para modificar la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

Desde la FAcPCE, mediante un escrito enviado a la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, señalaron: “Expresamos nuestra legítima inquietud y grave preocupación al enterarnos que los senadores de la nación Señores Guillermo E.mv. Snopek y Dalmacio E. Mera han ingresado a la Cámara el proyecto de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 N° 2.701-S-18 que contempla la incorporación de los abogados para que puedan ser designados síndicos en los procesos de concurso preventivo y de quiebras indistintamente con los contadores públicos, exigiendo también la acreditación de formación especializada en Derecho Concursal, no previéndose la actuación conjunta de estos profesionales -a excepción de los procesos de gran complejidad, sino la designación de unos o de otros. Como si los títulos fueren equivalentes y tuvieran el mismo contenido”.

Por otra parte, la Federación cuestiona que en el proyecto de reforma "se eleva de cinco (5) a diez (10) años la antigüedad mínima en la matrícula que deben tener los aspirantes a síndicos, resultando ello contrario al derecho al trabajo que garantiza el art. 14 bis de la Carta Magna, ya que atentará directamente contra quienes se encuentren actualmente en las listas desempeñándose como síndicos con una antigüedad de cinco (5) años y no lleguen a contar con la nueva antigüedad para la próxima inscripción”, indicaron.

“Hace más de ciento quince años que la ley argentina ha reservado en exclusividad el ejercicio de este cargo a los contadores públicos, previendo la posibilidad que actúen con patrocinio letrado para tener el debido asesoramiento jurídico en las cuestiones que así lo requieran. Es obvio que esta larga trayectoria no es antojadiza ni responde a otro factor que los requerimientos profesionales del cargo y la necesidad de proteger a la sociedad en el ámbito económico, para facilitar la recuperación de las empresas en crisis”, indicaron.

“En este contexto, el proyecto en cuestión genera una especial sensibilidad ante la posibilidad de que el trabajo profesional se vea lesionado, con afectación de la paz social, al ponerse en peligro la subsistencia de una fuente de trabajo en la cual los profesionales interesados desarrollan sus capacidades como modalidad concreta de carácter laboral, ligada a sus ingresos. Tanto más cuando ni siquiera han tenido la posibilidad, a través de sus instituciones, de poder hacer conocer a los señores legisladores la realidad y sus fundamentos. En tiempos en que cabe priorizar factores que hacen a la unión entre todos los argentinos, incompresiblemente se propicia una fractura incausada de consecuencias muy graves”.

“Reclamamos por ello el derecho de peticionar ante las autoridades, de raigambre constitucional y rechazamos la reforma propuesta en el proyecto en esta materia. La modificación implicaría un retroceso enorme en el desarrollo del instituto de la sindicatura concursal y supondría un daño muy significativo al afianzamiento de la Justicia. La reforma no tiene el aval de ninguno de los tratadistas del derecho comercial y concursal y jamás ha sido sostenida por ninguna comisión de reformas, aún cuando han estado integradas por prestigiosos abogados de los sectores académico, profesional y magistrados. Máxime teniendo en cuenta que en este momento existe en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una comisión de reforma de la Ley N° 24.522, siendo ese el ámbito en el cual debe discutirse una reforma integral, tal como ha sido puesto de relieve en los considerandos del Decreto N° 1077/17 mediante el cual se vetó el art. 63 de la Ley 27.423”, concluyeron.
 
En el archivo adjunto se puede leer la nota completa.

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